El titular de la Defensoría de los Vecinos, Agustín Payes, explicó en qué consistió su exposición: “Expresamos lo que recibimos por parte de los vecinos en las giras de la Defensoría itineraria con la que recorremos un barrio cada semana. Registramos desde diciembre, cuando fue la última audiencia de actualización tarifaria, el deterioro persistente que está habiendo en la calidad del sistema de transporte, es impresionante cómo ha bajado la calidad del servicio. El principal problema es que la gente tiene mucha inseguridad al momento de viajar, no sabes si va a llegar a destino, hay mucho deterioro de las unidades, y esta cuestión hoy está superando a la principal queja que ha sido siempre la frecuencia”, indicó.
Además, en el marco del debate por fijar un monto de incremento, la Defensoría compartió un precio tentativo. “Salvando la distancia de los equipos técnicos y los recursos humanos con los que contamos, que son escasos, hicimos un análisis de costo teniendo en cuenta el índice de precio al consumidor a nivel NEA y la variación del salario registrado y del no registrado en nuestra región, y en base a eso, nos da como concepto final que un boleto por encima de $150 le ocasionaría al usuario pérdida del poder de compra”, señaló.
Por último, con la expectativa de que tomen algo de las recomendaciones que dejaron por escrito, Payes recordó la propuesta de una compensación para los usuarios por los cinco días en los que no se prestó el servicio durante el último conflicto empresarial. “Es imposible calcular las pérdidas que le ha generado a la gente, cómo puede ser que el empresariado no cuide a su principal cliente, que es el que paga el boleto, por eso habíamos propuesto la compensación de por lo menos dos días de transporte gratuito, que lamentablemente no se cumplió”, finalizó.
Pedido de suspensión de la audiencia
Nelson Veas Oyarzo, participó de la audiencia en su carácter de presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes AUC. “Solicitamos la suspensión de la audiencia pública por investir graves irregularidades, violentando nuestra Carta Magna Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Todo el proceso se hizo a través del SIMU, y en realidad el órgano que está previsto en la Carta Orgánica Municipal es el Comité de Control de los Servicios Públicos, creado en una ordenanza de 2006, pero sin autoridades, estamos en 2023 y nunca se conformó. Además, no cumplen los artículos 8, 14, 29, 117, 118, 119 y 120 de la Carta Orgánica donde, al igual que la Constitución Nacional y Provincial, se establece la necesaria participación de las asociaciones de consumidores, y nosotros no estamos incluidos en todo este proceso”, argumentó.
Veas Oyarzo: “Había 37 personas inscriptas en la audiencia, el 99.9% fue a exponer su total repudio y rechazo al aumento del boleto”.
“Todo el proceso es un acto nulo, de nulidad absoluta, el SIMU es un organismo inconstitucional. Además, los instamos a que con la misma celeridad que realizaron la primera lectura sobre tablas del aumento del boleto, dispongan la conformación del Comité de Control de los Servicios Públicos, bajo pena de hacerlos responsables administrativa, civil y penalmente, tanto al Poder Ejecutivo como al Concejo Deliberante, por violación de deberes de funcionarios públicos y abuso de poder”, anticipó.
Por su parte, luego de expresar el total rechazo al incremento del boleto, Julio Maciel, presidente del Foro de Organizaciones Vecinales, compartió la línea de exposición de AUC. “Hemos expuesto el pedido de suspensión de la audiencia pública porque viola la Carta Orgánica Municipal, teniendo en cuenta que el pedido nace del SIMU, que es un sistema en el cual no tienen participación las asociaciones vecinales o de usuarios y consumidores. Además, presentamos las distintas irregularidades del sector empresarial con el pésimo servicio que brinda con unidades en pésimas condiciones”, explicó.
“La expectativa es que nuestros representantes en el Concejo de una vez por todas dejen de levantar la mano en beneficios personales y esta vez representen como corresponde a los vecinos de Corrientes en este que es un reclamo justo”, remarcó Maciel.
A esto se sumó la participación de Silvana Lagraña, dirigente de Libres del Sur y Directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana ISEPCi, quien compartió el rechazo al aumento del boleto y destacó algunos resultados de la encuesta de satisfacción con el transporte público, realizado entre abril y mayo. “Casi el 70% de las y los usuarios expresaron estar insatisfechos con el servicio. Y estas insatisfacciones se relacionan con que el boleto es carísimo, de hecho, Corrientes es una de las ciudades con el boleto más caro”, recordó.
Por otro lado, Lagraña propuso alternativas concretas para mejorar el servicio: “Sostenemos que la solución política más eficaz es hacer caer la concesión actual o bien declarar la emergencia en el trasporte público durante 6 meses para que el monopolio de ERSA revierta sus graves incumplimientos, o de lo contrario llamar a nueva licitación a favor de las y los usuarios”, enfatizó Lagraña.
Audiencia no tan pública
Además de cuestiones técnicas, Nelson Veas Oyarzo también cuestionó la organización de la audiencia, sosteniendo que no cumplió con su finalidad. “En más de 20 años participando en audiencias públicas nacionales, provinciales y municipales, es la primera vez que veo un Concejo Deliberante con las puertas cerradas con cadenas y candado, con la gente afuera, los expositores que ingresábamos tuvimos que obligarlos a que abran la puerta para escuchar lo que se decía adentro. Es la más bochornosa, la más vergonzosa que he visto, la hicieron en un recinto pequeño, pero tienen que prever que había casi 40 expositores, tienen que buscar una alternativa porque esto debería ser una audiencia pública, tiene que ser con público, la gente debe escuchar y saber lo que ahí se dice”, finalizó.
