En los últimos días, el intendente capitalino, Eduardo Tassano, confirmó que el precio del boleto del transporte público volverá a tener un incremento, a seis meses de la última suba, pasando de $96,50 a $200 a partir de septiembre, manteniéndose como el más caro del país. A partir de esto, la Asociación de Usuarios y Consumidores AUC evalúa presentaciones administrativas y judiciales.
“Tanto el Director de Transporte como el Intendente, realizaron declaraciones en forma irresponsable. Hablan de llevar un boleto a $200, y lo dicen así, livianamente, sin fundamentos, sin criterios, sin explicar por qué concepto, bajo qué línea suponen un precio para septiembre, con qué información llegan a ese monto y de dónde sacan sus costos“, aseguró Nelson Veas Oyarzo, presidente de AUC.
“No descartamos una presentación judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público de las autoridades de turno. Vamos a ir por los responsables. Primero, el Consejo Deliberante, que es el que tiene la responsabilidad del control de los servicios públicos, y también contra el poder concedente, que es el que le da la concesión”, adelantó.
Incumplimiento de deberes de funcionarios
“Tanto los concejales como el Ejecutivo tienen que cumplir sus funciones, y cuando incumplen o no hacen bien sus deberes nosotros podemos cuestionar ese accionar. Les recuerdo que, escandalosamente, el último aumento del boleto lo votaron en primera lectura un grupo de concejales, yo creo que ni siquiera leyeron el expediente y levantaron la mano aprobando un boleto a casi $100. Esas son las irregularidades y las irresponsabilidades de nuestro funcionarios de turno”, sostuvo.
AUC cuestionó además la falta de multas y sanciones a las empresas y el accionar del Estado durante el último conflicto en el que no se prestó el servicio durante cinco días.
“El pliego de bases y condiciones establece claramente que, cuando hay un lock out, el poder concedente tiene la obligación y el deber de incautar las unidades y brindar el servicio porque es público y esencial. El Gobierno y la Municipalidad miraron para el costado, y la gente se tuvo que movilizar en remís, en moto, algunos caminando, en bicicleta, por un lock out empresarial en connivencia con cierto sector sindical. La gente está diciendo basta”, detalló.
En este sentido, al ser consultado por el alcance de las presentaciones judiciales, indicó: “También vamos a denunciar a las autoridades provinciales, porque el Director de Transporte no firmó en tiempo y forma la declaración jurada para recibir los subsidios correspondientes, por eso se atrasaron, y no es la primera vez que ocurre esto. Así que cabe responsabilidad para el Gobierno, que también miró para el costado”.
“Conversamos con organizaciones sindicales, foros y juntas vecinales, para llegar a una estrategia en común, esto afecta profundamente al bolsillo de la gente”.
Denuncia contra ERSA
Además de hacer hincapié en el accionar de los poderes del Estado, AUC también irá judicialmente contra la principal empresa prestataria del servicio.
“El 80% del boleto es subsidiado por el Estado Nacional, Provincial y Municipal, sumado a los boletos que cortan todos los días a través de la tarjeta SUBE, imagínese eso con un boleto a $360 como pidieron, estamos hablando de millonadas de pesos diarios, mensuales, anuales. ERSA, solo acá en Corrientes, está recibiendo entre $120 y $140 millones mensuales de subsidio”, destacó.
A este panorama, vinculado con los ingresos de la empresa ERSA, AUC contrapone el incumplimiento de sus deberes patronales. “Nosotros siempre contamos con documentación respaldatoria, hace bastante tiempo denunciamos a esta empresa que en la actualidad sigue no haciendo los aportes previsionales, y ese es un delito penal tributario no excarcelable”, remarcó Veas Oyarzo.
