Hace muchos años que LDS desarrolla tareas sociales en la provincia de Santa Fe, en Rosario y el Gran Rosario, localidades que ocupan los medios nacionales en virtud de los problemas vinculados a la narcocriminalidad y a las violencias que emergen como resultados de esta. Gabriela Sosa aporta una mirada atravesada por los derechos humanos y la inclusión social como elementos centrales a la hora de pensar esta problemática.
¿Cómo es el trabajo diario de LDS en Rosario en este contexto?
-Nuestra tarea está relacionada en principio con el laburo solidario, con la asistencia alimentaria, pero también con el correr de los años, justamente por estas situaciones que empezaron a atravesarnos en la ciudad, desplegamos iniciativas vinculadas a la inclusión de niñeces, adolescencias y juventudes, entre ellas actividades deportivas y culturales. Si bien es muy limitado lo que puede hacer una organización social para enfrentar los intereses y los recursos con los que cuentan las bandas narcocriminales, hace mucho tiempo trabajamos para batallar contra esta realidad. Tenemos un club infantil donde trabajan jóvenes, y tenemos espacios de promotores territoriales juveniles que militan en lo social y también lo político, buscando la respuesta a los motivos de estas violencias.
En general, la cobertura de los medios informativos nacionales construye una realidad en la que asemejan la situación de Rosario con la de algunos países de la región como México, Colombia o Brasil ¿Está bien hacer comparaciones de este tipo?
-Los grandes medios nacionales construyen una idea que no es la más acertada. Lo que emerge en Rosario son disputas territoriales, pero de estructuras no demasiado jerarquizadas, es decir que son los últimos eslabones de una estructura narcocriminal, y obviamente aprovechan las circunstancias de los pibes y las pibas con menos posibilidades económicas. Pero, hay que ubicar claramente que acá no llegan a lo público las cadenas de narcotraficantes vinculadas a los grandes negocios exportadores de droga en Argentina, sino que son disputas territoriales por el narcomenudeo. Estas bandas van ocupando el territorio, pero también durante mucho tiempo tuvimos en la provincia políticas activas de inclusión y de derechos humanos que han impedido un desarrollo más importante de estas estructuras. Hoy no tenemos la realidad de otros países latinoamericanos donde hay un territorio tomado por los narcos y construyendo estados paralelos. Si bien hay cuestiones que nos preocupan, porque hay narcos que empiezan a cumplir algunas tareas sociales, no es real que tenemos un estado paralelo en Rosario, por el momento, no digo que no suceda si no hay un abordaje serio del problema por parte del Estado.
Respecto de las adicciones algunos sectores plantean una mirada punitivista en la que un consumidor es prácticamente un delincuente. En el contexto actual ¿Cuál es la percepción de la sociedad rosarina respecto de esto?
-Siempre hay que recordar que no hay necesariamente un vínculo directo entre el consumo y el narcotráfico, uno es un problema de salud y el otro es un problema de seguridad, y los abordajes son absolutamente diferentes. Por otro lado, en gestiones progresistas anteriores hemos tenido la posibilidad de contar con un sistema de salud muy fortalecido, por ejemplo, en la ciudad de Rosario ninguna persona camina más de 15 cuadras para tener acceso a un centro de atención primaria de la salud, y esto tiene que ver con la eficacia de los despliegues a nivel territorial de las políticas en salud. Estamos hablando de políticas públicas de 30 años, de gobiernos progresistas que han construido visiones en el marco de los derechos humanos donde los jóvenes, niños y adolescentes son sujetos de derechos, y esto limita que pueda haber estigmatizaciones construidas por parte de la sociedad. Ahora bien, en la medida que el Estado y el abordaje de la salud, y de la salud mental, se debiliten, favorece el éxito de toda esa operación mediática que suele hacerse para identificar a un consumidor problemático como parte de un entramado delictivo.
¿Este enfoque de políticas públicas, atravesadas por una visión de derechos humanos, puede verse amenazado?
-Se laburó mucho en la ciudad de Rosario, y luego en Santa Fe, para comprender que este tipo de problemática son problemas de salud y no de seguridad, pero no digo que esto sea un territorio ganado, en la medida que estos abordajes desde una concepción de derechos humanos se debiliten somos más proclives a tener miradas estigmatizantes. No es una realidad que podamos ver hoy en Rosario, pero existe el peligro de que algunos discursos que se construyen en los medios de comunicación puedan llevarnos a eso. No hay que dar por sentado nada, el poder que tienen los sectores políticos más antiderechos y conservadores, y también los medios de comunicación que tienen intereses vinculados a estas estructuras políticas, es muy pesado y pueden derribar con operaciones mediáticas 30 años de políticas pensadas en clave de derechos. Es un riesgo permanente y hay que defenderse con otro tipo de discursos.
¿Cómo evalúa la intervención concreta del Estado para abordar la problemática del narcotráfico en Rosario?
-Hay un accionar provincial y nacional que no ha registrado el fenómeno en toda su dimensión. Por su puesto que ustedes se enteran de una balacera en un negocio vinculado a la familia de Messi, pero hay una realidad durísima que no registraron los medios, que sería una preocupación menor, pero tampoco la registró el Estado. Hay varias complicaciones en el abordaje estatal.
¿Cuáles?
-Por un lado, la ausencia absoluta de una preocupación real, legítima y seria, con presupuestos, con actores relevantes, con recursos específicos tanto del Gobierno Nacional como Provincial. Efectivamente cada tanto visitan, cada tanto aparecen más gendarmes, como si la resolución de este complejo problema tuviera que ver con mayor presencia de fuerzas de seguridad. El abordaje es espasmódico, sin sistematización, sin análisis profundo que pueda identificar dinámicas particulares. Además, en Santa Fe tenemos políticos en causas relacionadas con la narcocriminalidad que no pueden ser juzgados por sus fueros, existe una incoherencia porque hay responsabilidades políticas que no se asumen. Entonces, hay una presencia que ocupa lugar en los medios pero que no tiene seriedad ni presupuestaria, ni en recursos para la dimensión de semejante problema.
¿Cómo juega la campaña electoral?
-Los contextos electorales deben aprovecharse para discutir esto, es momento de que las opciones electorales planteen estos problemas y también se desafíen a pensar alternativas. Vamos a dar la batalla y ojalá podamos conquistar cada vez más espacios de decisión para proponer instrumentos necesarios para los jóvenes de los sectores populares.
¿Por dónde cree que debería encararse el debate?
- Las respuestas que hoy proponen todos los espacios están relacionados con mayor sanción punitiva y con llenar el territorio con fuerzas de seguridad, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, y ni hablar de otras expresiones fascistas, coinciden en esto, pero no es por ahí donde vamos a resolver la situación. Lo que sucedió con el ministro de Seguridad de BS AS expresa que la gente tiene mucho miedo, está muy preocupada, y cuando el Estado no da respuestas es peligroso porque se afianzan más fuertemente los sectores vinculados a la derecha política y al conservadurismo cultural. Desde LDS planteamos alternativas vinculadas con la inclusión social, y proponemos pensar la seguridad en clave de derechos humanos. Y, por otro lado, necesitamos un Estado efectivo que no mire para otro lado cuando hay sectores políticos o de las fuerzas de seguridad vinculadas al narcotráfico, y que además ponga a disposición todos los recursos necesarios para tener una Nación protegida de estos delitos que son transnacionales.
En función de todo esto ¿Cuál es la proyección que se puede hacer?
-Siempre tenemos la esperanza de que es posible transformar esta realidad. En LDS estamos convencidos de que vamos a seguir dando batalla. Argentina tuvo etapas durísimas, por ejemplo, en los 90 con problemáticas como la pobreza y la indigencia donde veías esa realidad y pensabas: esto se lleva puesto todo. Sin embargo, le dimos batalla con solidaridad, compromiso militante e inserción territorial. Del mismo modo, estamos dispuestos a denunciar cuando el Estado está ausente, estamos dispuestos a hacer las intervenciones territoriales para contener a la mayor cantidad posible de pibes y pibas para que no caigan en garras de esta situación tan compleja, sabiendo que es una batalla durísima.
