Desde la Red Nacional de HIJOS (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), manifestaron su "más enérgico repudio al proyecto de creación de una “Comisión Especial Investigadora de los hechos ocurridos el 20 de junio del corriente año en el marco de la jornada Arriba los salarios, Abajo la reforma”, anunciado este lunes 26 por los diputados del Frente Cambia Jujuy".
A través de un comunicado de prensa, HIJOS destacó que el gobierno de Gerardo Morales "pretende desplegar una “cacería de brujas” en contra de distintos sectores políticos, organizaciones populares y sociales, sindicales, de Derechos Humanos, entre otros, y personas particulares que vienen manifestando un justo reclamo salarial y en rechazo a la reforma parcial de la Constitución Provincial aprobada, a espaldas del pueblo jujeño".
Así, plantean que este proyecto tiene como objetivo "ser una herramienta más de coerción, control social, judicialización y amedrentamiento hacia los sectores populares, sociales y políticos que ejercieron su legítimo derecho a la protesta, y no determinar las posibles causas que provocaron los sucesos de violencia, ni tampoco el desempeño tanto de los mandos policiales y sus subalternos, como el del poder judicial y de las autoridades gubernamentales".
Fotografías: Página 12
Los derechos humanos en el centro de la discusión
Este repudio de HIJOS se suma a otras advertencias y denuncias que distintos organismos vienen realizando contra el Gobierno de Morales, quien es además candidato a vicepresidente de la Nación en una de las fórmulas de Juntos por el Cambio.
Hace algunos días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Argentina expresó su preocupación por la represión ante las protestas en Jujuy. "La reforma constitucional presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos", aseguró el organismo. "Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales", remarcaron a través de un comunicado.
Además, en las últimas horas se sumó la denuncia penal realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contra el Gobierno de Jujuy, pidiendo que se investigue la violencia policial ejercida contra los manifestantes. La denuncia incluye testimonios y pruebas de: golpes y malos tratos a detenidos; disparos a la cara con balas de goma; detenciones arbitrarias, también en lugares lejanos de donde se realizaban las manifestaciones; utilización policial de vehículos sin identificación; ingreso a casas particulares sin orden de allanamiento; y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.
