La semana pasada se aprobó en el Concejo Deliberante la primera lectura para un nuevo aumento en el precio del pasaje de colectivos (que seguirá siendo el más caro del país). Así, son dos las alternativas: $360,73 propuesto por empresarios, y $204,45 por el Ejecutivo. En este contexto, Agustín Payes, titular de la Defensoría de los Vecinos, anticipó cómo intervendrá en la audiencia pública, cuestionó la falta de control del Ejecutivo y pidió mayor participación en los ámbitos de debate.
¿Cómo participa la Defensoría de los Vecinos en esta discusión?
-Como siempre, la Defensoría va a inscribirse para participar de la audiencia pública convocada para mediados de agosto, eso nos va a permitir tomar contacto con el expediente. Una vez que tengamos acceso a el, vamos a saber bien los argumentos, y a partir de eso poder elaborar nuestro propio estudio. Nosotros hacemos una estimación, no es un costo inamovible, más bien una tendencia, porque el área técnica real que tiene toda la capacidad para hacerlo es el área económica de la Municipalidad.
¿De qué forma participa la Defensoría en estas audiencias?
-Nuestra participación en la audiencia tiene que ver con presentar un balance, contar cuáles son los principales reclamos que recibimos de los vecinos. Además, nos parece oportuno recordar que hace poco tuvimos un conflicto laboral, en el cual no brindaron el servicio durante casi una semana, por eso nosotros solicitamos al Ejecutivo que dejara viajar gratis a los usuarios afectados, a modo de resarcimiento, pero no tuvimos ninguna respuesta, ni por parte del Ejecutivo ni del sector empresarial.
¿Por qué cree que no tuvieron respuesta?
-Habría que preguntarle al Secretario de Transporte, o a las empresas. No creo que sea algo incumplible ni determinante en la rentabilidad de las empresas devolverle algo a los usuarios, aunque sea mínimo, porque tampoco se puede calcular fehacientemente cuál es el daño causado por esa situación, que escapa al usuario y al poder concedente, por ser un problema laboral de la propia empresa.
¿Cómo cree que debió actuar el Ejecutivo durante este conflicto?
-No tenemos conocimiento de que haya aplicado multas a las empresas. Si el intendente deseaba aplicar el pliego debía dar de baja los ramales de las concesiones de las líneas y llamar de nuevo a licitación. Estaba absolutamente amparado por el pliego, porque no fue un tema que atañe al poder concedente ni hubo una catástrofe climática que les haya impedido cumplir con el servicio.
El Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU) se conforma con el Ejecutivo, las empresas, el sindicato de trabajadores del transporte y el Concejo Deliberante, y es en este ámbito donde se determina el costo del boleto. Sobre esto, la Asociación de Usuarios y Consumidores manifestó que es necesaria la participación de los usuarios en este ámbito ¿Cree que debería haber un representante de los usuarios en el SIMU?
-Para conseguir eso hay que modificar la ordenanza, pero si hay voluntad política por supuesto que se puede hacer. Nosotros hemos pedido participar, en varias oportunidades, queremos al menos tener voz, estar presentes en la discusión entre las partes del SIMU.
¿Qué respuesta tuvieron a ese pedido?
-Se ignora nuestra voz, que puede ser más fuerte o más débil, pero en definitiva tenemos una representación, y se nos ignora como si fuésemos cualquier institución, cuando representamos a los vecinos, que son los que pagando cada boleto sostienen el sistema de transporte.
¿En los estudios que se presentan para determinar el precio del pasaje, el margen de ganancias de las empresas forma parte de la discusión?
-No hay un rubro para la rentabilidad del sistema. El costo del boleto se nutre de muchos ítems, y se analiza cómo incide cada rubro en el costo final del boleto. Pero hay que ser un avezado técnico para tratar de definir la rentabilidad concreta.
Si no se consideran las ganancias de las empresas ¿No cree que se plantea una discusión en la que pareciera ser que las empresas están haciéndole un favor a la sociedad, o yendo a pérdida?
-No, es que nadie cree que las empresas tengan pérdidas, si no ERSA no se hubiera expandido por todo el país, como lo hizo.
¿Y cuándo, y en qué ámbito, se discute la calidad del servicio?
-Y en ese sentido el poder concedente tiene que ser mucho más rígido. Tenemos innumerables quejas, las principales son el recorrido, las frecuencias y el tiempo de espera. Pero puntualmente vemos que hemos retrocedido un montón de años en relación con la calidad de las unidades, me hace acordar a la época de Nora Nazar y Vignolo, cuando los colectivos se quedaban cada tres cuadras y se veía el asfalto desde adentro del colectivo. Estamos muy retrasados, y eso que siempre se cumplió con los incrementos pedidos y con los subsidios provinciales y municipales, entonces deberíamos tener mejores unidades, y este control a las empresas debe hacerlo el Ejecutivo.
