“Sin control estatal no existe la posibilidad de que bajen los precios de los alimentos”

En julio y agosto se entrevistó a más de 30 mil familias de barrios populares. Créditos: Isepci Corrientes 

Con los datos que dejó el IFAD, y la constante inflación que no permite llegar a fin de mes, se logra distinguir cómo a este grupo de familias que asisten a comedores y merenderos, la pérdida del poder adquisitivo impacta directamente en indicadores que son cotidianos y que deberían ser resueltos, como la realización de las cuatro comidas, fundamental para adquirir una alimentación nutricionalmente adecuada.

La política económica actual 

En este contexto, Laura Lonatti, coordinadora nacional del Área de Salud Colectiva, se refirió a las políticas económicas del Gobierno: “La situación coyuntural y estructural de la situación económica está condicionando fuertemente, y no da indicio de mejoras, la inflación está en tres dígitos en el último año”, dijo. “Las propuestas que el Gobierno está planteando, como por ejemplo, los “precios justos”, si no van acompañadas de un fuerte control estatal para que haya cumplimiento, va a pasar lo mismo que sucedió con “precios cuidados”. No existe la posibilidad de que haya un efectivo cumplimiento de la baja en los precios de los alimentos”, agregó.

Con respecto a los programas de transferencia del Estado y el monto de la canasta básica, Lonatti aseguró: “Hay un aspecto estructural que tiene que ver con el freno al proceso inflacionario, y por el otro lado, el incremento de los sueldos y programas del Ministerio de Desarrollo Social a los valores de la canasta básica. Si no se frena la inflación, aunque el Gobierno haga innumerables esfuerzos por aumentar el monto de los Programas de Transferencia, lamentablemente ese dinero pierde rápidamente el poder adquisitivo”. 

Dos de cada tres hogares están por debajo de la línea de indigencia. Créditos: Isepci Corrientes

Cuando se realizó el relevamiento la canasta básica total costaba $125.978 y la canasta básica de alimentos $55.734. Teniendo en cuenta esta información, se demostró que casi el 100% de los hogares relevados contaba con ingresos debajo de la línea de pobreza y al menos dos de cada tres hogares que tenía ingresos eran por debajo de la línea de indigencia, es decir, el 65,5% de los hogares tienen ingresos inferiores a los $45.000.

En cuanto a las privaciones de alimentos, el 70% de las familias entrevistadas refirió en términos generales haberse privado de consumir carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero. “Según el IFAD, siete de cada diez hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, debemos considerar que la inseguridad alimentaria ocurre cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a los alimentos, como la reducción de las porciones o supresión involuntaria de comidas en el hogar y en este sentido, un 64,3% de las familias relevadas han tenido que reducir la cantidad de porciones durante las comidas por falta de dinero y el 62,8% han tenido que suprimir una de las cuatro comidas diarias”. Estos indicadores permiten analizar la inseguridad alimentaria y se complementan con otros más específicos pero que también dan cuenta de una pérdida significativa de las posibilidades de acceso a la compra de alimentos”, resaltó Lonatti.

Entre otros datos del IFAD, en relación a los programas de rransferencias de ingresos del Estado Nacional, nueve de cada diez hogares reciben alguno. “Esto marca una característica: son familias que dependen fundamentalmente de programas de transferencia de ingresos del Estado para fortalecer el acceso a derechos”, afirmó Lonatti, y continuó: “se vincula con otro indicador, el de la pérdida del poder adquisitivo, tiene que ver con que cuando le consultamos a cada familia, cuánto habían comprado en relación al último año, el 90% manifestó que compra menos alimentos y el 70% tuvo que elegir productos de menor calidad”.

Con respecto a las causas que posibilitan que hoy tengamos estos indicadores, Lonatti expresó: “Fundamentalmente tiene que ver con los ingresos, ya que están por debajo de la canasta básica de alimentos, esto se vincula directamente con que ocho de cada diez familias no tienen ningún integrante con empleo registrado, su principal trabajo es no registrado o changas, es decir, que no cuentan con los aportes a la seguridad social y jubilación. Solo el 17% accede a un trabajo registrado, eso ya marca una posibilidad de ingreso, teniendo en cuenta los valores que publicó el INDEC en julio”. 

Este nuevo Indicador Familiar de Acceso a Derechos busca visibilizar situaciones de vulneración de derechos, analizando diferentes dimensiones que tienen que ver con derechos que deberían estar garantizados en la población en general y particularmente en familias que se encuentran en situación de pobreza, principalmente se trata de hogares donde los ingresos propios no llegan a cubrir los requerimientos dinerarios para alcanzar la compra mensual de una canasta básica de alimentos.