A finales de 2022 el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) difundió los resultados nacionales del Indicador Familiar de Acceso a Derechos (IFAD). Vicente Ruíz es el responsable del Área de Salud Colectiva Territorial de Libres del Sur Corrientes, en su rol de médico, analizó los resultados más salientes y anticipó algunos datos del desglose regional de los resultados que se conocerá próximamente.
¿Cuál es el dato del IFAD qué más le preocupa?
-El dato más impactante del IFAD es que, dependiendo de las provincias, a nivel nacional entre un 70% y un 80% de las familias encuestadas tiene prácticamente vulnerado su derecho al acceso a la alimentación, eso es lo que se conoce como inseguridad alimentaria.
¿Exactamente qué significa esto en la vida diaria de una familia?
-Significa reducir y hasta abstenerse de completar las cuatro comidas básicas que necesita toda familia. En esos hogares se redujeron la cena y la merienda y solamente comen el desayuno, que para los adultos ni si quiera es desayuno sino mate con pan o alguna galletita, y el almuerzo, y con eso pasan el día.
¿Qué efectos tiene esta inseguridad alimentaria en la salud y en la calidad de vida?
-Esa falta de acceso a alimentos proteicos como la carne fundamentalmente, pero también se redujo el consumo de pollo, y se pasó a alimentos hiperproteicos, como la harina, y aceites de mala calidad, impacta en la nutrición de los chicos. Para verificar esa hipótesis y conocer el estado nutricional realizamos medidas de talla y peso, y vimos que un gran porcentaje de chicos en nuestros barrios está con sobrepeso, algunos con obesidad y en menor medida en estado de desnutrición. Los datos estadísticos no los tenemos detallados aun, pero sabemos que son datos relevantes y preocupantes.
Otro dato que arrojó el IFAD es que 9 de cada 10 hogares reciben algún Programas de Transferencias de Ingresos del Estado Nacional (conocido como planes sociales) ¿Qué análisis hace respecto de la relación entre la inseguridad alimentaria y el impacto de estos planes sociales en las barriadas populares?
-Evidentemente, a pesar de recibir esa ayuda del Estado, las familias no logran satisfacer sus necesidades básicas. El Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo no logran darles una seguridad alimentaria a las familias, eso es lo concreto. Es insuficiente, y por eso el objetivo de estas encuestas es darle herramientas al Estado para que genere políticas públicas y que satisfaga las necesidades de estas familias que comen en merenderos y comedores en los barrios.
Existe una discusión pública, política, respecto de la necesidad de mantener o de eliminar los planes sociales. En función de los datos del IFAD ¿Qué se puede concluir al respecto?
-Mientras no exista trabajo genuino, mientras que las políticas públicas de los distintos gobiernos no garanticen el acceso a un trabajo formal, estos planes deberían darles la contención a esas familias ya que no tienen otras posibilidades. Creemos que lo importante es que exista trabajo genuino, pero en este contexto la suspensión de los planes generaría una catástrofe en las familias porque ya vimos que incluso con estos planes no es suficiente.
Respecto del acceso a la salud, el IFAD destaca como un problema la cercanía a los centros de atención y enfatiza que el 70% de las familias encuestadas tiene que desplazarse a más de 30 cuadras para acceder a un hospital público ¿Es ese el principal déficit en nuestra provincia?
-El déficit en el acceso a la salud no está en relación con la cercanía a los centros de salud, el problema es que esos centros no brindan la suficiente contención para resolver los problemas prevalentes en nuestra comunidad (obesidad, diabetes, presión, enfermedades cardiovasculares, embarazo adolescente). Eso se debe al desfinanciamiento del Estado provincial a los centros de atención primaria de la salud, sabemos que cuando vamos a las salitas no existen profesionales suficientes para atender estas realidades.
Entonces ¿Solamente se trata de una cuestión de inversión del Estado?
-Sabemos que hay falta de recursos humanos y materiales. Nos llama la atención la falta de programas y políticas de salud para la atención en los barrios. Nosotros trabajamos con personas humildes de barrios populares, que para comer asisten a comedores y merenderos, y para atenderse van a los CAPS y SAPS, pero estos no tienen los recursos y no les brindan la contención ni el seguimiento necesario. Creemos que en nuestra provincia se debe afianzar una política pública de la salud en este sentido.
Sobre el IFAD
El nuevo indicador sobre el acceso a derechos esenciales de las familias en los barrios populares concentra los resultados de 31.525 entrevistas presenciales en todo el país en el marco de un proceso de Investigación Acción Participativa. El IFAD abarca dimensiones como alimentación, salud, trabajo, vivienda, educación, entorno, infraestructura y conectividad.
Aquí el informe completo del IFAD:
https://isepci.org.ar/ifad-2022-la-inseguridad-alimentaria-en-argentina-esta-presente-en-7-de-10-hogares-de-barrios-populares/
